Los grandes del narcotráfico

  Los grandes capos,

impunes e intocables

Aprincipios de 2009, el capo Vicente Zambada Niebla se paseaba tranquilamente en un coche BMW o en un Audi por las calles de la exclusiva zona de Jardines del Pedregal en Ciudad de México. El joven de entonces 33 años era escoltado regularmente por cinco hombres armados que habían logrado pasar desapercibidos, hasta que finalmente llamaron la atención de los vecinos. El 19 de marzo de 2009, el líder criminal fue detenido por militares y policías después de que se recibiera una denuncia anónima. El Vicentillo, como le apodan, es hijo de Ismael Zambada García, alias El Mayo, uno de los fundadores del Cartel de Sinaloa, junto con Joaquín El Chapo Guzmán. El día de su arresto fue exhibido ante los medios de comunicación como un narcotraficante que estaba al mismo nivel jerárquico de El Chapo dentro del Cartel de Sinaloa, la organización más poderosa en la historia del narcotráfico en México.

La imagen del joven vestido con un impecable saco azul de terciopelo dio la vuelta al mundo. El Gobierno mexicano aseguró que su aprehensión era un duro golpe al cartel al detener a uno de sus dirigentes. Pese a su función clave en el cartel durante los años más cruentos de la guerra contra el narco, en México no contaba con órdenes de aprehensión para ser llevado ante un tribunal mexicano y ser juzgado por el daño causado a la seguridad del país. Su aprehensión se dio porque Estados Unidos le había pedido a México su captura a fin de extraditarlo. El 18 de febrero de 2010 fue entregado a las autoridades de aquel país para ser procesado por asociación delictuosa y delitos contra la salud. Apenas en mayo de este año un juez federal en EE UU lo sentenció a 15 años de prisión. En México no se le ha investigado por lavado de dinero.

El caso de El Vicentillo no es el único donde las autoridades no han logrado armar investigaciones sólidas por lavado de dinero. En una revisión hecha por este medio a los cargos fincados por la Fiscalía (en los dos sexenios anteriores) en contra de 20 de los principales líderes de los cárteles mexicanos, se encontró que, hasta diciembre del año pasado, solo a 8 se les había investigado por blanqueo de recursos. En estos casos investigados por lavado, solo se habían conseguido dos sentencias condenatorias, cuatro capos estaban presos y sin sentencia, uno estaba prófugo de la justicia y otro había muerto en un enfrentamiento entre militares y delincuentes.

Desde diciembre de 2006, cuando el expresidente del conservador PAN le declaró la guerra al narcotráfico, se emprendió una persecución en contra de los líderes y miembros de los cárteles para intentar fincarles cargos por delincuencia organizada, posesión de armas exclusivas del Ejército y delitos contra la salud, pero se puso poco énfasis en documentar sus estructuras financieras que aceitaban sus actividades criminales.

Para Angélica Ortiz Dorantes, especialista en prevención de lavado de dinero, las autoridades mexicanas han asumido su incapacidad para armar una investigación sólida y por ello en muchos casos han cedido a entregarlos en extradición. “México ha renunciado en muchos de esos casos a ejercer su soberanía y aplicar sus leyes”, explica. Antes en México las autoridades no extraditaban a sus nacionales, cuenta, su política era juzgarlos en el país, con sus leyes y ejerciendo su soberanía jurídica. “Si se supone que todas esas personas han cometido delitos aquí, entonces México tiene jurisdicción para investigar y juzgarlos, pero ha cambiado su política decidiendo entregarlos a Estados Unidos porque es incapaz de cuidarlos y juzgarlos”, afirma.

Fuentes: https://elpais.com/especiales/2019/lavado-dinero/capitulo2.html

Vídeo:

https://youtu.be/GwI8Rn_3zOM?si=kmWxcc0Ou7an519l